El golpe de
Estado del coronel Fulgencio Batista a la Revolución de 1933, concertado con el
embajador estadounidense Caffery, planteó un conjunto de problemas de
representatividad, legalidad y hegemonía al nuevo poder que debía tener
solución en el período 1934-1944.
De hecho, el
golpe significó en un primer momento, un desplazamiento del poder de amplios
sectores populares y un retroceso del movimiento revolucionario. Los coroneles
Batista y Pedraza, no fueron remisos en asesinar al más caracterizado dirigente
revolucionario, por su orientación antimperialista y socialista, Antonio
Guiteras; en reprimir brutalmente la huelga general de 1935, dejando un saldo
de más de cien muertos; en clausurar la mayoría de los sindicatos, ocupar la
Universidad y suspender las garantías. Batista contó, más que con el apoyo de
la burguesía dependiente cubana, o la complicidad de la embajada
estadounidense, con la solidaridad en todo momento de los sargentos del
movimiento del 4 de septiembre. Esa base, sin embargo, mostraría fisuras de
consideración durante la provisionalidad castrense, en tanto Batista se vería
obligado a depurar sucesivamente al sargento Pablo Rodríguez, jefe original de
la conspiración septembrista, y al coronel Pedraza, ejecutor inescrupuloso de
represiones masivas contra el movimiento popular.
En la burguesía
dependiente debía enfrentar el desafío de dos rivales de consideración: uno,
Miguel Mariano Gómez, acaudalado caudillo hijo de José Miguel; el otro, José
Manuel Casanovas, presidente de la Asociación de Hacendados, quien le hará una
diversidad de concesiones para imponerle finalmente las demandas de su clase.
En el bando
opuesto, el dirigente castrense deberá enfrentar a los guiteristas y a los
hombres de acción de la Organización Auténtica, partidarios de la lucha armada,
los que arrastraron en sus orígenes a un núcleo considerable del Directorio
Estudiantil y de simpatizantes del doctor Ramón Grau San Martín.
El fracaso de
estos intentos atraerá a amplios sectores del movimiento revolucionario del 30
hacia la figura del ex presidente Grau San Martín. De esa manera las fracciones
insurreccionalistas, elitarias o electoralistas, con independencia de sus
orientaciones centristas o izquierdistas serán absorbidas por el centro
hegemónico reformista. El nacional-reformismo populista se impondrá sobre la
acción independiente de fracciones insurreccionalistas, de orientación
antimperialista y socialista, después del fracaso de la huelga de 1935. A partir
de entonces, los comunistas se propondrán organizar al movimiento obrero y
tomar parte en las convocatorias electorales que ofrezcan garantías.
En esas
circunstancias, Batista, amenazado desde el interior por sus propias fuerzas en
el Ejército, y por los dirigentes más representativos de la burguesía, y desde el
exterior, por el movimiento revolucionario popular, que comenzaba a tomar forma
borrosa bajo la dirección de Grau San Martín, alentará un reformismo que le
proporcione una base social propia. La historiografía cubana no ha estudiado
todavía al grupo de jóvenes profesionales e intelectuales de derecha y
centro-derecha, desencantados por la crisis de la burguesía dependiente, y de la
clase media, que comenzará a nuclearse en torno a Batista a partir de 1934. De
hecho, ellos constituirán el equipo de gobierno de las administraciones de
Batista en los años 40 y en los 50.
Esta nueva
generación de políticos reformistas, de procedencia burguesa, nacida a la
sombra de los partidos políticos tradicionales, se considera heredera de los
grandes caudillos del liberalismo y del conservadurismo, pero conscientes de la
crisis política y moral de la antigua dirección, tratarán de adecuarse a la
nueva coyuntura revolucionaria. Entre ellos se destacaban, Justo Luis del Pozo,
Amadeo López Castro, Ramón Vasconcelos, Rafael Guas Inclán, Ramón Zaidín,
Marino López Blanco y otros.
Son ellos los
diseñadores de la imagen del «hombre fuerte » provisional, constructivo,
popular que tanto le agradará a Batista. Son ellos los que instrumentarán la
Ley de Coordinación Azucarera, los nuevos tributos a la industria, las escuelas
cívico militares y como colofón, la destitución del presidente Miguel Mariano
Gómez.
Estas medidas
reformistas de evidente proyección populista deben contribuir a la formación de
una clientela política que cimente el poder de Batista y lo independicen de la
burguesía y del Ejército. No obstante, en la medida en que atacaban los
intereses inmediatos de la burguesía azucarera, pondrían a su dirigente, José
Manuel Casanova, entre la espada y la pared. En esas difíciles condiciones,
Casanova se mostraría partidario de un entendimiento, a todo trance, con el
poder militar de Columbia, mediante compromisos y sacrificios que asegurasen en
un futuro la hegemonía burguesa.
No había otro
remedio en la época: Batista y el Ejército constituían el único freno del
movimiento revolucionario.
El equilibrio
inestable del poder de Batista radicaba, por consiguiente, en dos impotencias:
impotencia de la burguesía de conservar su poder y su influencia después de la
Revolución del 30, impotencia del movimiento revolucionario fragmentado, de
acceder al poder.
O sea, el
bonapartismo castrense hace acto de presencia como señala Marx, en el preciso
momento en que prestas a equilibrarse, la burguesía ha perdido, y la clase obrera
no ha adquirido todavía la facultad de gobernar a la nación.[1] Este
balance de fuerzas favorable al ejercicio de una autoridad, en cierto sentido
irrestricta, le permitió a Fulgencio Batista llenar el vacío de poder creado
por el equilibrio existente, imponer pautas a la burguesía dependiente y
reprimir al pueblo en los años que corren, entre 1934 y 1944.[2] Ejercicio
de poder inestable, no exento de crisis, riesgos y amenazas, procedentes tanto
de sus aliados como de sus enemigos. “Hombre de la encrucijada” de “signo
negativo”, “sólo en el caos puede estar tranquilo”, según escribiera
Pablo de la Torriente en uno de los más finos análisis sociológicos e
históricos de los años 30.[3]
Como ha nacido de una traición entre sus aliados, nadie confía en él, y él no
confía en nadie, pero a su vez debe depender de ellos y ellos de él.
La catástrofe
institucional provocada por el movimiento revolucionario y la reacción
post-revolucionaria, le hará dependiente de fuerzas políticas ajenas, en la
medida en que no cuenta con los recursos y medios tradicionales para lograr el
consenso popular. De ahí sus alianzas con los caudillos conservadores Mendieta,
Menocal y otros. Bajo la presión del State Department, interesado en la
normalización política del país, en la Pax Americana, Batista comenzará a dar
pasos tendientes a obtener el concurso de las fuerzas políticas del país, a los
efectos de restablecer el orden político y validar ciertas conquistas de la
Revolución del 30.
Distintas
entrevistas y artículos publicados en la prensa periódica revelaban, más allá
de toda duda, las aspiraciones de la burguesía dependiente de restaurar la
república parlamentaria, aun cuando en algunos de sus voceros, se albergase el
deseo de crear un Congreso corporativista de inspiración fascista.[4] De lo que
se trataba, por consiguiente, no era solo de librar a la burguesía dependiente
de la arbitrariedad o el capricho del bonapartismo castrense, sino de ejercer
el poder de la forma de dominio político que le ha resultado más conveniente
históricamente: la democracia burguesa.
De ese modo,
hacia 1938 el desideratum de las fuerzas políticas nacionales, el punto en el
cual convergían todas sus aspiraciones, era en el de instaurar nuevas reglas de
juego. Batista debía legitimar su poder o atenerse a las alternativas
desfavorables que podían derivarse de su negación.[5] La
convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente debía entonces satisfacer todas
las expectativas. Batista debió de constituir un bloque de partidos
gubernamentales que se enfrentase al poderoso movimiento populista encabezado
por Ramón Grau San Martín y avalado por las grandes conquistas revolucionarias
de su gobierno. De ahí que Batista debiera contar con el apoyo de los caudillos
políticos tradicionales del liberalismo sin que pudiera traer en un primer
momento al caudillo conservador Mario García Menocal, quien pensaba constituirse
en el factotum de la Asamblea Constituyente.
Tan pronto como
este último comprobó la defensa cerrada que los Auténticos hacían de
determinadas reivindicaciones populistas, dio un viraje y se alió con el bloque
reaccionario tradicional dirigido por Batista. Por último, el «hombre fuerte de
Columbia» decidió atraer a su coalición política al Partido Comunista. Años
después escribió que esa orientación le fue aconsejada por el State Department.[6] El
estallido de la Segunda Guerra Mundial propició este tipo de alianza entre los
partidos comunistas latinoamericanos y los gobiernos del continente. Muchos de
esos gobiernos eran dictaduras oligárquicas, como las de Venezuela y Costa
Rica. Mediante esas alianzas, la Internacional Comunista confiaba en que los
partidos comunistas lograsen el control del movimiento obrero y plasmasen un
conjunto de demandas mínimas de la clase obrera, mientras Estados Unidos, por
su parte, esperaba que se creara durante el conflicto, durante la guerra, una
situación de tranquilidad y paz social.
En Cuba ambas
partes lograron sus objetivos parciales e inmediatos. Por una parte, los
comunistas hegemonizaron el movimiento sindical y obtuvieron aumentos salariales
que les permitió a los obreros enfrentar de momento el creciente costo de la
vida, y por otra, la burguesía dependiente y los norteamericanos lograron una situación
estable en la Isla.
La dictadura,
por su parte, tuvo un respiro. Batista, que deseaba ganar tiempo a toda costa,
se benefició del conflicto. Los comunistas aumentaron su votación y se convirtieron
en el partido comunista latinoamericano de una mayor militancia. Estos triunfos
demostraron, sin embargo, ser pasajeros y en un breve plazo afectaron
seriamente las relaciones de los comunistas con las clases medias y amplios
sectores populares.
De hecho, durante
los gobiernos Auténticos, perdieron más del 50 por ciento de su fuerza
electoral. Cierto es que hubo represión dirigida especialmente contra los comunistas,
pero la mentalidad economicista prevaleciente entre las dirigencias obreras
comunistas y el grueso de sus seguidores contribuyó a que el partido perdiese una
buena parte de su militancia cuando no se pudieron satisfacer sus
reivindicaciones más inmediatas. No obstante, la dirigencia del partido había
criticado severamente las actitudes economicistas, pero los dirigentes obreros
de la base, al parecer, no encontraban otro camino para atraer a los obreros
que la defensa de sus reivindicaciones estrictamente económicas.[7] Por otra
parte, la oposición de los comunistas al gobierno revolucionario del 33, sus
injustas críticas a Guiteras y su posterior alianza con Batista, determinó que
amplios sectores de la población se alejasen del partido.
Cierto que antes
de pactar con Batista, los dirigentes comunistas intentaron aliarse con Grau,
pero este rechazó la posibilidad de un entendimiento. De todos modos, la
posibilidad de que el partido prosiguiera su camino de una manera
independiente, no fue considerada, al parecer, como una opción positiva.
En esas
condiciones, la alianza de los comunistas le reportó más beneficio a Batista de
lo que pudo obtener el partido en un largo plazo.
Al efectuarse
las elecciones para elegir a los 81 delegados de la Convención Constituyente,
el 15 de noviembre de 1939, el bloque de la oposición obtuvo la mayoría con 45
delegados, de los cuales correspondieron: 18 al Partido Revolucionario Cubano
(Auténticos) con 225 223 votos; el Partido Demócrata Republicano, dirigido por
el general Mario García Menocal, obtuvo 17 delegados con 170 681 votos; el
Partido Acción Republicana eligió a 6, con una votación de 80 6l5 y, por
último, el ABC de Joaquín Martínez Sáenz consiguió 14 delegados, producto de
los 65 842 sufragios que obtuvo.
La Coalición
Socialista Democrática, presidida por el coronel Fulgencio Batista, alcanzó 36
delegados, distribuidos entre los partidos gubernamentales, a razón de 17
delegados del Partido Liberal, con 182 246 votos, 9 por el Partido Unión
Nacionalista, el cual tenía como caudillo al coronel Carlos Mendieta y una
votación de 141 693, la fusión Unión Revolucionaria Comunista que obtuvo 6, con
97 994 y, por último, el Partido Nacional Revolucionario con un delegado y 37
933 votos.
Como hemos
reseñado con anterioridad, el tránsito de Menocal y su partido a la coalición
batistiana le proporcionó a esta agrupación la mayoría en la Convención Constituyente.
No obstante el
carácter progresista de la Constitución de 1940, fue producto de la conjunción
de los partidos surgidos a raíz del movimiento revolucionario del 30,
populistas y comunistas, o sea, los Auténticos de Grau San Martín, los
comunistas de Blas Roca, acompañados por los abecedarios de Martínez Sáenz, los
cuales transitaron de posiciones cercanas al fascismo a posiciones reformistas
en los años 40.
A propósito de
las alineaciones de las viejas y nuevas asociaciones políticas en la Asamblea
Constituyente, hemos podido corroborar historiográficamente los juicios de Raúl
Roa sobre estas: «Es enteramente falso que los artículos más importantes de los
delegados liberales de la Constitución de 1940 sean obra, en su totalidad, de los
delegados liberales de la Constituyente. Las actas de la Convención evidencian,
por el contrario, que es a los nuevos partidos y particularmente a los
delegados Auténticos, comunistas y abecedarios a quienes se debe su orientación
doctrinal y sus más relevantes progresos en materia política, económica,
social, racial y cultural.[8]
De un total de 1 105 793 votos registrados, los nuevos partidos de la
revolución tuvieron 446 532 votos (40 %) y de 81 delegados electos alcanzaron
29.
Los artículos más
progresistas de la Constitución fueron, por consiguiente, el resultado del voto
de los nuevos partidos y de convencionales de las nuevas generaciones afiliados
a partidos políticos tradicionales, los que ocasionalmente votaban por los
criterios más avanzados.
Una idea de la
fuerza que conservaban las relaciones de caciquismo en las zonas rurales nos la
proporciona la comprobación del hecho de que en las provincias de Oriente y
Camagüey, por lo menos nueve de los 30 convencionales electos eran propietarios
rurales, colonos o terratenientes. Entre ellos se destacan Juan Antonio Vinent
Griñán (liberal), José I. Valero (liberal), Alberto Silva Quiñones (Conjunto
Nacional Democrático), Felipe Hay (Unión Nacionalista), Quintín George Bernot
(liberal), Ramón Corona García (liberal), Adriano Galano (Acción Republicana),
Mariano Esteva Lora (Auténtico), Juan Cabrera Hernández (demócrata republicano)
y por último, Aurelio Álvarez de la Vega (Auténtico).[9] Como se
puede apreciar todavía en 1940 las relaciones de caciquismo rural conservaban
cierta solidez.
En la medida en
que el partido hegemónico, el Partido Auténtico, carente de capitales y
maquinarias políticas, conquistaba cerca del 40 por ciento del electorado en
virtud de sus prédicas populistas, la burguesía agraria trató de reforzar de
algún modo las antiguas relaciones de caciquismo y apeló a la compra de votos
como un medio de consolidar sus posiciones en la escena política.
La Convención
Constituyente tuvo lugar, por consiguiente, en una coyuntura, en que las
relaciones de caciquismo comenzaban a debilitarse y cobraban fuerzas las
maquinarias políticas de compra del voto, al tiempo que los partidos populistas
conseguían el apoyo espontáneo de sus seguidores.
En estas
circunstancias nos interesa valorar las actitudes de las principales tendencias
políticas en la Constituyente (comunistas, reformistas y conservadores) con relación
a la cuestión nacional. De ahí la necesidad de estudiar el comportamiento de
estas agrupaciones con respecto a la libre determinación de las naciones
pequeñas, la bandera como símbolo de la nación y la discriminación racial como
factor disgregador de la nacionalidad.
La moción de
solidaridad con Finlandia, propuesta el 8 de marzo de 1940 por los
convencionales Auténticos Eduardo Chibás, Carlos Prío, Emilio Ochoa y Salvador Acosta,
tenía por objeto condenar a la URSS por la invasión a ese país.[10] Tan pronto
se dio lectura a esta proposición, los convencionales comunistas, Blas Roca,
Salvador García Agüero, Esperanza Sánchez Mastrapa, Juan Marinello y César Vilar,
presentaron una enmienda en la cual intentaban justificar la ocupación militar
de ese pequeño país por el Ejército soviético, al tiempo que solicitaban una
petición de datos sobre el destino de unos fondos públicos del Ayuntamiento de
La Habana apropiados en 1934 por el Partido Auténtico para preparar la
insurrección contra la dictadura de Batista. La enmienda obedecía a una táctica
legislativa dilatoria que debía amenguar el impacto de la moción finlandesa y
dificultar su aprobación. De acuerdo con los procedimientos parlamentarios, la
enmienda debía ser discutida antes de la moción colocando en una posición
defensiva, desde un primer momento, a los proponentes del mensaje a Finlandia.
Los convencionales de los partidos tradicionales aliados a Batista, podían
encontrar más atrayente desacreditar políticamente a los Auténticos que
condenar a la intervención militar soviética.
La aprobación de
la enmienda, en tanto era en realidad una moción distinta, implicaba la
anulación de la moción Auténtica. La posición de ambas partes puede resumirse de
la siguiente manera. Los Auténticos no negaron los cargos, pero decidieron
rendir cuenta de la forma en que habían empleado los fondos del Ayuntamiento,
ante una comisión investigadora, absteniéndose de discutir pormenorizadamente
los detalles relativos al destino final del dinero. De ese modo remitían a un
futuro la responsabilidad de dar cuenta de los 148 mil pesos sustraídos por Segundo
Curti. De acuerdo con la versión de Grau San Martín, el dinero se había
empleado, en gran parte, en la adquisición de armamentos en el exterior, pero
cuando Batista convocó a la Asamblea Constituyente, el PRC desistió de la
táctica insurreccional.
Cuando se
sometió a la consideración de la Asamblea la enmienda comunista, se determinó
que esta era otra moción y al ser sometida a votación, la mayoría de los legisladores,
reformistas y conservadores, la rechazó con solo el voto adverso de los
comunistas.
A continuación
la Asamblea pasó a discutir el mensaje de solidaridad con Finlandia, el cual
fue defendido por Eduardo Chibás, alegando que en ese país se debatía en esos
momentos la causa de las pequeñas nacionalidades agredidas por grandes
potencias.
Respondiendo a
Blas Roca, Chibás sostuvo que no tenía inconveniente en suscribir con este
cualquier proposición defendiendo la soberanía de cualquier pequeño país
agredido por Estados Unidos o Europa. Chibás planteó también que a pesar de la
defensa que demandaban los comunistas de las pequeñas nacionalidades, en los momentos
en que la Revolución de 1933 era asediada por Estados Unidos, no habían tenido
reparos en advocar el derrocamiento del gobierno Grau-Guiteras. Por cierto, Chibás
también advocó el derrocamiento del gobierno Grau-Guiteras.
La actitud
posterior de los comunistas pactando con Batista, poco después del asesinato de
Guiteras, era otra muestra de su carácter antinacional.
La argumentación
central de los convencionales comunistas, en cambio, estuvo dirigida a
demostrar que al frente del Ejército finlandés, que resistía la invasión
soviética, se encontraba el mariscal Mannerheim, responsable del exterminio
masivo de miles de patriotas finlandeses. Por otra parte, Alemania esperaba
convertir a Finlandia en una base de agresión contra la URSS. Al apoyar a
Finlandia en esos momentos, los Auténticos se hacían eco de la gran campaña
internacional que habían desatado las potencias imperialistas en defensa de Mannerheim
y contra el comunismo.
La votación
final de la moción de solidaridad con Finlandia evidenció que los partidos
tradicionales de la Coalición Socialista Democrática, prefirieron dejar en la estacada
a los comunistas para votar conjuntamente con los Auténticos.
De ese modo, 43
convencionales se pronunciaron a favor del mensaje a Finlandia y solo seis, los
comunistas, lo hicieron en contra.
Las
posibilidades de trascender las posiciones enconadas de comunistas y
Auténticos, no se habían dado, al parecer, en el contexto de la época. Todo
pronunciamiento en el plano internacional debía definirse con respecto a la
bipolaridad Washington-Moscú. En la época no se había articulado aún un campo
de neutralidad positiva al cual pudieran remitirse los nacionales reformistas Auténticos.
Por otra parte,
en el movimiento comunista no había tomado fuerza aún la doctrina policentrista
de Togliatti.
Las
orientaciones de la Internacional Comunista eran de obligatorio cumplimiento
para todos y cada uno de los partidos. No se trata, por consiguiente, de que
posiciones independientes o intermedias pudieran representar soluciones factibles
para las agrupaciones políticas nacionales, sino de que en la época los
problemas no podían pensarse en otros términos que no fueran los dictados por
la bipolaridad.
Las ilusiones
reformistas, alentadas por el New Deal rooseveltiano, y los deslumbramientos
del socialismo duro de Stalin, imposibilitaban la búsqueda de un territorio común
de entendimiento entre comunistas y populistas.
La conformación
de la realidad nacional neocolonial por los discursos omnicomprensivos de las
ideologías hegemónicas en el campo internacional deslindaba la separación
tajante entre socialistas y reformistas o populistas.
En la época
apenas se concebía la posibilidad de que proyectos de liberación nacional o de
revolución social pudieran intervincularse o influirse recíprocamente.
Desde luego, el
exclusivismo proletario alentado por una tradición anarquista que se remontaba
a la segunda mitad del siglo XIX, y acendrado por las posiciones de clase contra
clase de la Internacional Comunista en los años 30, contribuirían al aislamiento
de la clase obrera con respecto a las clases constitutivas del pueblo. De
manera parecida, las posiciones relativamente estables de las clases medias y
una conciencia muy acusada de sus privilegios de clase intermedia, tendían a
separarla de la clase obrera.
La política de
frente único de Dimitrov en América Latina, no contribuiría tampoco, con el
correr del tiempo, a la unidad nacional, en la medida en que aconsejó alianzas
de los comunistas con los gobiernos constituidos, ya fuesen oligárquicos o de
burguesías dependientes, frente a los partidos populistas y reformista
mayoritarios.
No puede
obviarse, sin embargo, que en la conciencia crítica de Chibás y otros ideólogos
nacionalreformistas había una singular clarividencia de los puntos débiles de
sus rivales, de la misma manera que en la perfección marxista de los comunistas
había un rigor analítico que les permitía definir con precisión las
limitaciones clasistas de las clases medias.
Una revisión
crítica del discurso revolucionario de las dirigencias marxistas
latinoamericanas originales, de los programas y análisis de la realidad, de
Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Mariátegui, revelaría que en este
pensamiento autóctono se encontraba un programa de liberación nacional más
cercano a la realidad neocolonial de nuestros pueblos que los programas que
elaborara el Partido Comunista durante los años 40 y 50.
La discusión en
torno a la insignia que debía ondear en los edificios públicos, dependencias
oficiales y fortalezas militares, dio lugar a un agudo enfrentamiento entre comunistas
y nacional-reformistas en el seno de la Convención Constituyente.
Todo tiene que
ver con el hecho de que los comunistas plantearon que, junto con la bandera del
4 de septiembre debía ondear la bandera cubana. Desde luego, Blas Roca planteó:
“Me opongo a ese precepto simplemente porque prohíbe izar la bandera del 4
de septiembre en los cuarteles y otras dependencias públicas.” Y a
continuación expresaba: “¿Qué es la bandera del 4 de septiembre? La bandera
del 4 de septiembre es la bandera de la revolución cubana; la bandera que se
alzó con las reivindicaciones del pueblo cubano, cuando una parte importante de
los soldados (…) encabezó el sentimiento de todos los soldados que se
consideran parte del pueblo de Cuba y levantaron sus reivindicaciones haciendo
la madrugada histórica del 4 de septiembre.”[11] Desde
luego estas formulaciones a propósito de la bandera del 4 de septiembre, en
tanto la bandera de la revolución cubana, que debía ondear en los mismos
edificios, fortalezas y dependencias públicas y actos oficiales, que la bandera
nacional, tendía a equipararla con ésta.
Este enfoque
provocó de inmediato interpretaciones y reacciones diversas en el seno de la
Constituyente.
El convencional
Francisco Ichazo aprovechó la ocasión para ganar méritos políticos. De acuerdo
con esto, “no se debía intentar equiparar en rango una bandera, por mucho
que esta bandera represente para una parte del pueblo, con la bandera nacional
que nos representa a todos…” La respuesta del dirigente Auténtico Eduardo
Chibás no se hizo esperar. La dualidad de enseñas, entendía Chibás, era
peligrosa porque los convencionales tenían “la obligación moral de velar por
el mantenimiento de la unidad nacional, de la unidad étnica, de la unidad
fundamental en todos los aspectos de la vida ciudadana y como expresión máxima
de esta expresión nacional está la bandera de Cuba”.
Por otra parte,
la pretensión de que la bandera del 4 de septiembre fuera la bandera de la
revolución cubana era esencialmente falaz, porque la Revolución de 1933 no era
solo de los sargentos que insurgieron en esa fecha, sino de todos los cubanos
que apoyaron el movimiento revolucionario. De la misma manera podían alegar las
distintas organizaciones revolucionarias que sus banderas o insignias eran las
banderas de la revolución cubana. Por eso debía proclamarse que la única
bandera de la Revolución del 30 era la bandera cubana. La bandera única de los
cubanos en todos los tiempos “era la que enarboló Maceo en los campos de
Cuba Libre”.
La paradoja
mayor de las formulaciones del convencional comunista radicaba, según Chibás,
en que durante el período álgido del septembrismo, cuando sí vibraba la
revolución en forma pura, la atacaban los comunistas sin cuartel, y la llamaban
«movimiento reaccionario, movimiento imperialista, contra la nacionalidad». De
ahí que los que atacaban a Guiteras como agente del imperialismo y pedían el
derrocamiento del gobierno revolucionario, no tenían autoridad para venir a
entonar una loa del 4 de septiembre. Lo más curioso era que los que encabezaron
el movimiento revolucionario se oponían a que la bandera del 4 de septiembre
ondease donde ondeaba la bandera cubana.
La mayor
paradoja radicaba, según Chibás, en que la bandera del 4 de septiembre surgió
en el gobierno del coronel Mendieta, cuando la revolución ya no estaba en el
poder y las fuerzas reaccionarias se enseñoreaban en la Isla. Esa bandera era
entonces expresión de la separación del movimiento militar del pueblo, símbolo
del poder reaccionario de Fulgencio Batista. De ahí que Chibás le criticase a
Blas Roca el haber querido ser más papista que el Papa.
No obstante, el
alegato chibacista tendió a perder fuerza en la medida en que cuestionó la
cubanidad de los comunistas y los cubrió de ataques personales. De hecho esa
había sido la tónica de los enfrentamientos entre ambas partes desde las
primeras discusiones en la Convención.
El ataque de
Chibás había sido tan implacable y demoledor que el convencional conservador
Antonio Bravo Acosta le pidió a la presidencia que no se trajesen a la discusión
«cuestiones políticas partidistas».
El comandante
del Ejército Libertador Miguel Coyula, convencional conservador, se sintió
obligado a declarar que la bandera cubana cubría por igual a Chibás y a Blas Roca.
Así, al referirse a la enseña nacional, diría: “Esta bandera que yo siento,
influye tanto sobre el sentimiento de Chibás y Blas Roca: porque al fin y al
cabo, puede ser que el sentido filosófico de la idea comunista separa al señor
Roca y sus compañeros del que habla, pero seguramente lo acerca el apego a la
tierra donde han nacido.”[12]
En la cuestión nacional, las posiciones de los comunistas con relación a la
bandera, con relación al intervencionismo soviético, los separaron no solamente
de sus aliados en la coalición progresista popular, sino también, de las
organizaciones representativas de las clases medias y amplios sectores
populares.
De hecho, estos
discursos e intervenciones en la Constituyente eran transmitidos radialmente, y
se publicaban diariamente en la prensa. Y estas posiciones de los comunistas
contribuyeron a separarlos todavía más de las clases medias y a impedir que
pudieran ejercer su influencia sobre amplios sectores de las clases medias.
De hecho, el
crecimiento del partido como resultado de su intervención, de su alianza con
Batista, como resultado también de su control de la Confederación de Trabajadores
de Cuba, se basó en determinadas conquistas, como el aumento del salario en un
momento en que los precios subían escandalosamente. Pero estas conquistas no
pudieron conservarse, como señaló muy bien, después, el propio Lázaro Peña y
Blas Roca, porque los precios, en la sociedad capitalista, siempre tienden a sobrepasar
a los salarios.
De manera que
estas conquistas, en la medida en que los Auténticos accedieron al poder y
pudieron mantener, en cierto sentido, el control de los sectores más amplios de
la población mediante sus prédicas populistas y mediante su invocación a las
conquistas de la Revolución del 30, en esa misma medida los comunistas fueron
perdiendo fuerzas.
De modo que la
alianza con Batista significó, en corto plazo, determinados avances,
determinadas conquistas que beneficiaron a la clase obrera, pero a la larga significó
que por la escisión entre el Partido Comunista y sectores cada vez más amplios
de la sociedad, su separación de estos sectores, lo fueran relegando, y que ya prácticamente
en los años 50, el partido no tenía suficiente votación para inscribirse, no
cumplía los requisitos del mínimo de votantes para inscribirse.
Esto fue luego
superado, pero se trata de que en el contexto de la época era prácticamente
imposible una alianza entre las clases medias y amplios sectores populares con
los representantes de la clase obrera. Esto vino a ser posible solamente con el
triunfo de la Revolución Cubana, como sabemos todos, y con el enfrentamiento a los
Estados Unidos en el curso de los acontecimientos.
Eso es todo.
(Aplausos.)
Notas
[1] Carlos Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ed.
Biblioteca del Pueblo, La Habana, 1962.
[2] Samuel Farber. Revolution and Reaction in
Cuba, 1933-1960. A Political Sociology from Machado to Castro. Wesleyam University
Press, Middletown, Connecticut, 1976.
[3] Pablo de la Torriente
Brau. Cartas cruzadas. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1990,
pp. 200-227.
[4] José A. Tabares del
Real. La Revolución del 30, sus dos últimos años. Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 1973. Ver también: Carteles, Nos. 36 y 37, La
Habana, septiembre, 1935.
[5] Antoni Kapcia. “Fulgencio
Batista, 1933-1944: From Revolutionary to Populist”, en: Authoritarianism in
Latin America since Independence. L. Fowler, ed., Greenwood, 1997.
Véase también: Julio Le Riverend. “Caracteres del período de 1933-1940”, en: Selección
de lecturas de Historia
de Cuba. 1933-1940. Ed. Universidad de La Habana, La Habana, 1975; Blas Roca: El pueblo
y la nueva Constitución. Ed. Sociales, La Habana, 1940; y Juan Marinillo: “Balance
provisional
de la Constituyente”,
en: Noticias de Hoy, La Habana, junio 15, 1940, pp. 1 y 6.
[6] Fulgencio Batista. Piedras y leyes. Ed. Botas, México
D.F., 1961.
[7] Gaspar J. García Galló
y M. Mier Febles. “Recuento histórico de dos décadas. Primera parte
(1948-1958)”. Texto mimeografiado, s/f.
[8] Raúl Roa. La
Revolución del 30 se fue a bolina. Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1976, pp. 339.
[9] República de Cuba. Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente. Libro II, La Habana. Consúltese
Jorge Ibarra. Partidos políticos y clases sociales, 1898-1921. Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 1992.
[10] Ibídem. Libro I, vol. 1, No. 14, pp. 14-59.
[11] Ibídem. Libro I, vol.
1, No. 21, pp. 9-26.