Al cumplirse el 102 aniversario del natalicio del intelectual cubano Juan Marinello Vidaurreta –y tomando en cuenta su destacado desempeño como presidente del Partido Unión Revolucionaria Comunista, y de su delegación a la histórica Asamblea Constitucional de 1940–, la Cátedra de estudios que honra su memoria, en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, invitó a investigadores, profesores y especialistas de las Ciencias Sociales a participar en el Encuentro científico: Retrospección crítica de la Asamblea Constituyente de 1940, en ocasión de su 60 aniversario, celebrado en nuestra institución los días 29 y 30 de noviembre del año 2000 y convocado además, como culminación del ciclo homenaje a la Revolución del Treinta, que en ediciones anteriores había incursionado en: «Cuba: Ensayismo y periodismo» (1993), «Cuba: República y cultura» (1994),  y  «Cuba: República y política» (1996).

El examen de este trascendental acontecimiento sociopolítico y cultural para la Cuba republicana, desde perspectivas varias, y entendido como revelación del proceso de concientización y maduración de los diversos sectores sociales interesados, y participantes, en el propósito de renovación de la sociedad cubana –y como resultado de su bregar de casi dos décadas–, aportó el conjunto de temas y debates de los cuales surgió el volumen homónimo, Retrospección crítica de la Asamblea Constituyente de 1940 (348 pp.), que aguarda publicación. 

Entretanto, ofrecemos una síntesis del contenido inédito que en el libro se presenta en dos secciones, Fuerzas políticas presentes en la Asamblea constitucional, y Debates constitucionales, además de intervenciones especiales; todo a cargo de muy destacados especialistas en los temas abordados, algunos de  los cuales lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros  José A. Tabares (m. 2001)  y  Julio Fernández Bulté (m. 2008). 

El acontecimiento entrevisto en esta ocasión, la Asamblea Constituyente de 1940 –celebrada en La Habana, entre el 9 de febrero y el 8 de junio de ese año– es el suceso más relevante de la sociedad cubana en la primera mitad del siglo XX, después de la instauración de la República, en 1902.

Fue entonces cuando esta prolongada aspiración logró sortear los escollos enfrentados desde una década antes, sin que entonces ni siquiera se vislumbraran los complejos procesos políticos, sociales e ideológicos experimentados por la nación en este lapso, y que en la práctica conformarían el panorama igualmente complejo en que quedaría enmarcado este acontecimiento. Baste recordar, grosso modo, que en Cuba, entre 1930 y 1940, tienen lugar el auge y fin de un prominente movimiento revolucionario radical, el desarrollo y la insurgencia del sector obrero en la vida pública, golpes de Estado, gobiernos de facto y constituciones provisionales, represiones, etc., y que el país –soldado el neocolonialismo a sus estructuras políticas, económicas e institucionales– entró, desde 1932, y luego de electo el demócrata Franklin D. Roosevelt para la presidencia de Estados Unidos, en la órbita de su nueva política exterior: el New Deal.

Desde entonces aquel gobierno fue dando pasos conducentes al «adecentamiento o perfeccionamiento» de su modelo de dominación en la Isla, métodos más refinados y sutiles que dieron lugar a la abolición de la Enmienda Platt (1934) y a la concertación del Tratado de Reciprocidad Comercial (1934), y además, entre otros, al apoyo a la presencia creciente del militarismo nacional en el panorama político cubano, como vía para asegurar su control, tanto de los destinos del país, como de la progresiva «estabilidad» política y social, imprescindible para el mejor desempeño de una creciente hegemonía económica en la Isla.

La institucionalización «democrática» de la nación, que tendría su expresión en la legalidad y el apoyo consensual –resultado este de acuerdos, pactos y alianzas entre las principales fuerzas políticas del país– a la celebración de la Asamblea Constituyente y a la nueva Carta Magna finalmente adoptada, venía a cumplir una nueva expectativa en el complejo panorama político cubano de entonces. Además de cualquier consideración de circunstancias internacionales, como la prolongada permanencia de Roosevelt en el poder (1933-1945), quizás de mayor importancia en este hecho haya sido la viabilidad perspectiva de un proyecto político «moderado» («reformista-democrático» o «nacional-reformista-populista») en aquel momento, para una sociedad que recién salía de la década más convulsa de su historia republicana.

La Asamblea tuvo un proceso preparatorio de cerca de tres años (1936-1939); primero, la amnistía que garantizaba el regreso seguro de los representantes de los sectores más radicales hasta entonces en el exilio; luego, la legalización de los partidos de oposición, y la inscripción de las nuevas agrupaciones; el reordenamiento de los sectores políticos; la aprobación del nuevo Código Electoral; la presentación pública de los respectivos proyectos constitucionales por parte de los partidos –el foro más importante fue el organizado por la aristocrática sociedad negra habanera Club Atenas–,[1] y finalmente, las elecciones para delegados a la Convención Constituyente, en noviembre de 1939.

Fueron electos un total de 81 delegados, que en la Asamblea quedaron agrupados en bloques: el gubernamental Coalición Socialista Democrática, con 36 delegados (procedentes de los partidos Liberal, Unión Nacionalista, Unión Revolucionaria Comunista, Conjunto Nacional Democrático y Nacional  Revolucionario) y el bloque opositor, con 45 delegados (del Partido Revolucionario Cubano, Demócrata Republicano, Acción  Republicana y ABC), quienes aprobaron un total de 286 artículos, en dos períodos de trabajo; el primero, presidido por el Doctor Ramón Grau San Martín, que aprobó 50 artículos, y el segundo, bajo la presidencia de Manuel Márquez Sterling, que aprobó los 236 restantes.[2]

En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra, Federico Laredo Bru, entonces presidente de la República, y los delegados José Manuel Cortina, por la minoría gubernamental, Juan Marinello,[3] por el Partido Unión Revolucionaria Comunista, y Jorge Mañach, por el ABC.

La Asamblea examinó y debatió asuntos de trascendental interés para la vida ulterior del país; y en este ejercicio, los partidos y delegados se reservaron el derecho de pronunciarse libremente en los debates, siguiendo intereses partidistas o personales.

Por su gran acumulado de «voluntad política», resultado de la participación de los llamados partidos nuevos surgidos en directa relación  con  el  movimiento  revolucionario de  la década de 1930 –Partido Revolucionario Cubano (Auténticos), Unión Revolucionaria Comunista y el ABC, a quienes se debe en parte fundamental su orientación doctrinal en política, economía, educación, sociedad, y problemas raciales–, la Constitución de 1940 representa un texto extraordinariamente avanzado. 

Concluidas las sesiones, la nueva Constitución se firmó el 1ro. de julio, en Guáimaro, en conmemoración de la primera Asamblea Constituyente de Cuba Libre. Posteriormente fue promulgada en el Capitolio Nacional (julio 5); y después apareció publicada en la Gaceta Oficial, el 8 de julio de 1940.

Con posterioridad se suceden en el poder, al amparo legal de esta Constitución, Fulgencio Batista (1940-1944), y los Auténticos Ramón Grau San Martín (1944-1948) y Carlos Prío Socarrás (1948-1952), quienes juraron esta Constitución, pero poco hicieron, o pudieron hacer, en definitiva, por convertir sus extraordinarias aspiraciones en realidad.

El 10 de marzo de 1952, y como resultado de un nuevo golpe militar que encabezó también Fulgencio Batista –comprometido entonces con una política de ampliación de las facultades al capital norteamericano en la Isla, aspecto que en la práctica contravenía los preceptos constitucionales vigentes, como se ha demostrado–, tocó a su fin el sistema de «democracia representativa» y constitucional. La única alternativa para sus intereses fue, una vez más, la traición. Pero en esta oportunidad su suerte quedó echada. Incapacitado de controlar la nueva crisis de la sociedad cubana que este acto acentuó, sus propios «progenitores norteamericanos» no tuvieron reparos en prescindir solapada y eventualmente de sus servicios. Abandonó el poder y huyó a Nassau el 31 de diciembre de 1958.

Juan Marinello, por su parte, siempre consideró la Constituyente como un gran hecho histórico, de extraordinaria importancia para la sociedad cubana,[4] y en más de una ocasión se refirió a la necesidad del estudio detenido de todo lo que allí aconteció.[5] Sin embargo, aun cuando los resultados de nuestro encuentro revelan que se ha adelantado de manera considerable en su conocimiento por vía de estudios independientes, el asunto no ha sido suficientemente examinado, ni debatido, lo cual ha sido la opinión unánime de los participantes en este evento.

Es de destacar, sin embargo, que las aproximaciones a este tema reunidas en el libro-memoria preparado, constituyen una primera y nueva reconsideración, ahora desde la perspectiva de quienes han entendido el acontecimiento indisolublemente vinculado –y hasta resultado directo, en algunos casos– con los procesos políticos y sociales que signan la llamada Revolución del Treinta, concientizada ya, además,[6] como un momento del desarrollo ininterrumpido de dos siglos de revolución en Cuba.

La ausencia de estudios particulares actuales y especializados sobre estos asuntos, así como el creciente interés demostrado por conocer en mayor detalle las particularidades del proceso social cubano de aquellos años, puesto de manifiesto desde los encuentros precedentes, justificaron este esfuerzo colectivo para desmitificar el nuevo camino hacia el entendimiento de la Constituyente de 1940.

Ana Suárez Díaz

Secretaria Ejecutiva 

Notas